Las nuevas tecnologías han modificado sustancialmente la forma en que funcionan las empresas. De hecho, actualmente los programas informáticos forman parte de los activos de muchas compañías. Por lo tanto, es lógico pensar que haya surgido la necesidad de desarrollar medidas de protección jurídica del software. Pero, ¿qué se puede hacer para proteger este tipo de activos?